The abogado penalista tráfico de drogas narcotráfico Paterna españa Diaries

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La persona imputada como narcotraficante aspira a ser asistida legalmente por un abogado competente. Pero no solo se trata de una aspiración all-natural de quien se halle en semejante disyuntiva, sino que es un derecho constitucionalmente reconocido, que consiste en la obligatoriedad de proveer, a toda persona objeto de enjuiciamiento, una defensa de la más alta categoría.

Debido a los elementos anteriores es imprescindible contratar a un abogado ante esta situación pues a pesar de su regulación generalizada esto puede variar de un Estado a otro, ya que algunas sustancias pueden ser consideradas legales mientras que de otras solo se penaliza ciertas cantidades y por tanto se necesita la ayuda de un especialista que pueda manejar adecuadamente esta situación.

En caso de que la persona se encuentre en un tercer país, se puede solicitar la extradición a ese país o se puede realizar una transferencia temporal para que la persona sea entregada al país solicitante.

Los letrados recurren al  procedimiento del Habeas Corpus cuando los instructores de los atestados no ponen a su disposición las diligencias que ellos consideran oportunas para poder impugnar la detención.

Es por eso que la gente con sus comentarios "mancha" la profesión, ya que a los defensores penales los ven como entes que aprueban el crimen, pero no saben que defender, NO es lo mismo que APROBAR. Es complicado ejercer tranquilamente en el Derecho Penal, más aun en causas relacionadas con Estupefacientes. Todas las personas tienen la misma cantidad y igualdad de Derechos, y todos los derechos deben ser respetados sea cual sea la condición de la la persona.

Esto les permite entender los procedimientos y leyes aplicables en el país requirente, lo que puede ser de gran ayuda para defender los derechos del cliente.

Concurra a un abogado experto en enjuiciamientos por este tipo de delitos, a fin de ser asesorado correctamente sobre el alcance penal de las acciones relacionadas con los estupefacientes, sus formas de tipificarse, y, sobre todo, ante una imputación por tráfico de tales sustancias.

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Se ha reforzado el respeto de los derechos constitucionales, imponiendo a los funcionarios policiales un especial deber de  protegerlos, tanto en el momento de practicar la detención como en el momento de trasladar al detenido. Si bien, obviamente, la protección de dichos derechos no podrá impedir a los medios de comunicación efectuar su trabajo.

- Tanto Colombia como México figuran entre los Estados que consienten en extraditar a sus nacionales. Sin embargo, y pese a coincidir en ese individual, entre ellos la nacionalidad del sujeto se contempla específicamente como una causa para denegar la extradición. Dentro de la nacionalidad incluyen la naturalización, con la excepción que el individuo haya sido naturalizado con posterioridad a la comisión del delito.- El estado requirente puede abogados expertos en extradiciones entregar a su vez a la persona extraditada a un tercer país, pero se prohíbe que sea entregada para ser juzgada por tribunales de excepción.- Se prohíbe expresamente la imposición de la pena de muerte por parte de ninguno de los dos signatarios cuando estuviesen en la posición del requerido, dado que en ambos esta abolida, sin embargo nada se dice en cuanto a la cadena perpetua, cuando también esta ha sido eliminada en ambos países.

En este artículo, exploraremos en detalle las leyes que regulan y sancionan el tráfico de estupefacientes en Colombia, proporcionando una visión completa de este delito y sus implicaciones legales.

Anterior a la reforma de 2015 la información de derechos a la persona detenida por parte de las FFCCS podía se verbal. Con posterioridad a la misma, nada impide que se siga haciendo una primera información de derechos verbal de forma inmediata, que en la praxis policial se sigue realizando; si bien ahora se recoge que la información sea de forma escrita, sencilla y accesible, adaptándola a la edad, grado de madurez, discapacidad o cualquier otra circunstancia individual que pueda limitar el entendimiento. No basta con informar al detenido del tipo de delito que la policía considera que ha cometido, sino de los hechos que se le atribuyen, lo que exige informar a éste, de la forma más precisa posible, de las concretas circunstancias fácticas que integran los hechos que han provocado su detención.

Nos gusta decirlo de la siguiente manera: “La acusación que resiste a una defensa enérgica y bien estructurada, merece prevalecer, y no deja sabor a injusticia”

Los cambios también buscaban dar mayor responsabilidad a los llamados agentes residentes de esas sociedades —los abogados o firmas forenses— con el objetivo de que el país pueda responder a solicitudes de asistencia, tanto nacional como de otras jurisdicciones, sobre cualquier investigación.